Parlamento sandinista analiza cadena perpetua para supuestos “delitos de odio”

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La oposición al régimen sandinista ha denunciado que la nueva normativa busca perseguir y castigar a la disidencia (EFE)

El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua sigue los pasos de la tiranía de Nicolás Maduro al analizar la cadena perpetua para quienes cometan supuestos «delitos de odio». La enmienda reemplazaría a la actual, donde se establece pena máxima de 30 años para delitos graves.

El Parlamento nicaragüense estableció una comisión especial para emprender un proyecto de reforma constitucional con el que se buscaría legitimar la persecución, dejando a discreción de la justicia definir qué es un «delito de odio». La comisión está conformada por 11 diputados, en su mayoría del gobernante partido Frente Sandinista.

La oposición al régimen sandinista ha denunciado que la nueva normativa busca perseguir y castigar a la disidencia; esto, porque Ortega les ha acusado reiteradamente de promover el odio y la violencia.

La agenda del oficialismo también incluye la aprobación de la llamada «Ley Mordaza» que, según voces disidentes, criminaliza las publicaciones en redes sociales y medios de comunicación.

Siguiendo los pasos de Maduro

Con todas las leyes punitivas que busca aprobar Ortega, se hace evidente su intención de seguir los pasos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela que en 2017 también aprobó una ley contra «delitos de odio» con penas de hasta 20 años de cárcel.

La ley fue un encargo de Maduro a la ilegítima Constituyente para acabar con los supuestos mensajes «de odio» social, racial y político que, según el chavismo, desencadenaron la ola de protestas contra el régimen. Todo parece indicar que la tiranía nicaragüense busca blindarse con diversas normativas ante la posibilidad de que aumenten LAS manifestaciones en su contra el próximo año en el marco de las elecciones venideras.

Pese a que todavía falta un año para los comicios, el régimen de Daniel Ortega prepara dos proyectos de ley y una reforma, que constituyen una amenaza para los nicaragüenses: la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la cadena perpetua; normativas que el Parlamento dominado por el oficialismo podría aprobar en los próximos días.

Cárcel por «ciberdelitos»

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos que llegó para convertirse en un arma potencial para censurar a la prensa. El nuevo reglamento establece castigar la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor o zozobra en la población.

La normativa propone de dos a cuatro años de cárcel por publicación de noticias falsas podría ser usada por el régimen para encarcelar opositores.

El Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua emitió un comunicado donde asegura que esta ley apunta a controlar y censurar la información en internet. «Ahora toda persona que en Nicaragua tenga cuenta en redes sociales verá coartado su derecho constitucional a recibir y difundir información», advierte el documento.

Ley que controla ingresos del extranjero

El Parlamento de Nicaragua, dominado por el oficialismo, aprobó la punitiva ley que controlará el financiamiento a personas, empresas y organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del exterior.

La normativa obliga a que todo nicaragüense que trabaje para empresas u organismos extranjeros se registre ante el Ministerio de Gobernación (Interior). Deberá reportar mensualmente sus ingresos y egresos y notificar en qué utilizará los fondos recibidos. Y además, cabe destacar que la ley establece sanciones para quien no se adhiera.

La misma legislación explica que se registrará a los ciudadanos que reciban fondos del exterior como «agentes extranjeros» y prohíbe que los mismos puedan financiar o promover a cualquier tipo de organización o movimiento político en ese país. Asimismo, dichos «agentes extranjeros» no podrán ser empleados públicos ni tampoco podrán optar a cargos de elección popular, lo que inhibiría la participación de políticos opositores de cara a las elecciones de 2021.

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Have lived and invested in Venezuela full time for the last eight years and visited for each of twelve years prior to that. Studied and closely followed developments in Venezuela since 1996.