Las señales de cómo el Gobierno de Guaidó “se suicida” a la vista de los suyos

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Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. (Flickr)

Existe un conflicto político tremendo en el Gobierno interino de Venezuela. Es algo público y notorio. No solo quienes ven desde afuera el proceder de sus instituciones tienen esta impresión. Los funcionarios que aún forman parte del ensayo de gobierno también piensan igual. El ejemplo más visible salió a colación este martes con Luis Pacheco, el presidente de la junta administradora ad hoc de PDVSA.

Luis Pacheco presentó su renuncia en agosto de este año. El presidente interino Juan Guaidó, en una primera oportunidad, no la aceptó. De hecho, la Asamblea Nacional venezolana no ha decidido —desde junio— la búsqueda de un reemplazo, según reflejan declaraciones dadas por el funcionario al portal La Gran Aldea.

La entrevista publicada en este medio tiene varios puntos sutiles que se desprenden de cada respuesta que emana de Pacheco. Alude en primer lugar a una necesidad de retirarse de PDVSA, motivado por razones personales. El cuestionamiento siguiente es el más previsible: ¿Relación con Guaidó? Ninguna. Su interlocutor desde el inicio siempre fue el Centro de Gobierno, así como la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Nadie más.

El recelo y la cautela para contestar están ahí en sus respuestas. Son obvios. Eso sí, se entrelazan con frases largas, pulidas entre adjetivos y adverbios. Sin embargo, en las líneas que describen la ruta del Gobierno interino por recuperar Citgo a partir de octubre de 2019 —cuando inició su cruzada para declarar los bonos 2020 como inválidos— también se muestra el camino que ha tomado la junta hasta acá y las dudas que sus propios miembros asoman respecto a la efectividad de las acciones del Gobierno interino.

«La junta ad hoc de PDVSA está constituida por personas que han decidido aportar su tiempo y conocimiento por nada a cambio, excepto la satisfacción de contribuir con la reconstrucción del país y muchos de ellos, después de un tiempo, se han preguntado si ese sacrificio vale la pena dada la pequeñez de las discusiones políticas que todavía hay sin que el objetivo principal se haya resuelto, que es devolver la democracia a Venezuela», declaró Pacheco a La Gran Aldea.

Ahora, el retardo del Poder Legislativo sobre las designaciones mantiene atado a un cargo a un funcionario con claras intenciones de librarse del puesto. Un suceso que ocurre quizá por la poca importancia dada en el seno del Parlamento al tema. En efecto, la imagen de PDVSA ha sido vapuleada no solo por la renuncia de Pacheco -que se suma a la de una decena de funcionarios del Gobierno interino- sino también por aquello que preocupa y ocupa a la junta: Citgo y los bonos 2020.

El punto central radica en que la posesión de la filial estadounidense de PDVSA, Citgo, pende de un hilo a partir de que un juzgado federal de Nueva York declarara que los bonos emitidos por el régimen de Nicolás Maduro sin la autorización de la Asamblea Nacional son “válidos y exigibles”. Para ser exactos, el impago de los intereses de tales bonos acarrearía el apoderamiento de una participación en Citgo del 50,1%.

El origen de las decisiones en la junta ad hoc de PDVSA

A pesar de que la pregunta sea repetida —casi de manera autómata— sobre si era mejor negociar antes que demandar, Pacheco es enfático y recalca sin miramientos: «Por supuesto que no estoy de acuerdo con eso, en un mundo de leyes las cortes están para que uno defienda sus derechos y la obligación de PDVSA era respaldar lo que la Asamblea Nacional, único órgano legítimamente electo en Venezuela, dictaminó; y eso es que la operación del bono PDVSA 2020 es ilegal por incluir a Citgo como colateral sin aprobación del Parlamento».

Y así fue. El respaldo estuvo de manera íntegra a favor de la Asamblea Nacional. Esto respondió a otros factores más allá de la mera obediencia. Se creía en el Gobierno interino, en sus acciones, su fortaleza y poder de decisión para llevar a cabo uno de los objetivos principales planteados desde los inicios de Juan Guaidó al frente del Ejecutivo: lograr el cese de la usurpación.

«Las decisiones se tomaron (para PDVSA) en un contexto donde se pensaba que el cambio político llegaría en poco tiempo. Una de las premisas en mi mente era que con el “cese de la usurpación” íbamos a tener una posición mucho más fuerte a la hora de negociar cualquiera de las deudas», recalcó Pacheco.

El representante de PDVSA también explicó que desde el primer día los abogados han tenido contacto con los acreedores o sus representantes para buscar un acuerdo, pero —en su opinión— ellos han sido inflexibles o no han recibido esas aperturas con suficiente «generosidad».

«Por eso tuvimos que seguir el camino del litigio, que no habría sido necesario si del otro lado hubiesen estado dispuestos a negociar. Sin embargo, aún durante el juicio han seguido las conversaciones con los tenedores y sus abogados, pero lamentablemente no han aceptado sentarse bajo unos términos que reconozcan las condiciones que el Poder Legislativo ha impuesto», aseveró.

A su vez, aseguró que la estrategia que se ha ejecutado ha permitido dar oxígeno a dos cuestiones: la primera,  una negociación más justa y equitativa; y la segunda, la materialización de un cambio político que hasta ahora no se ha podido lograr.

Ante el interrogante sobre la legitimidad de la representación legal de Venezuela después de las fechas pautadas para el cese de funciones de la Asamblea Nacional, el experto petrolero despejó ciertas dudas: «Mientras el Gobierno interino sea reconocido por el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, mantendremos el control de los juicios».

Las dudas sobre si el reconocimiento del interinato continuará se entretejen directamente con el resultado de las elecciones en Estados Unidos. El Gobierno de Guaidó se formó a partir del reconocimiento de la administración republicana, con el presidente Donald Trump a la cabeza. Un eventual cambio de gobierno, a pesar de que se hable de Venezuela como un tema bipartidista, podría jugar en contra a corto plazo no solo a nivel político, sino económico, algo que sería letal para la oposición.

El alto costo de participar en el Gobierno interino 

La renuncia de Pacheco a sus funciones en el Gobierno interino no es un hecho aislado. Obedece a una serie de factores que, por más que traten de ser difuminados, existen y son el costo de trabajar en un país que se ha dado a conocer por políticas opacas en ambos bandos.

«Son distintos los precios que se han tenido que pagar: familiares, económicos, persecuciones y calumnias. Lo peor es que muchas veces los ataques que recibimos provienen de fuego amigo; y eso, aunque espero que la historia lo enderece, es muy frustrante», explicó Pacheco.

Tras el inicio de la gestión de Juan Guaidó en el poder, muchos aliados que le acompañaban en puestos estratégicos han tirado la toalla en el camino, motivados por diversas razones. Entre ellos también estuvo el presidente de la Junta administradora ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), Ricardo Villasmil, en agosto.

Las hipótesis sobre este caso surgieron de manera instantánea. Entre tales hipótesis se manejó la teoría de un conflicto de intereses que ocurriera con la designación de José Ignacio Hernández como procurador especial, un cargo que le fue otorgado cuando se encontraba involucrado en causas como defensor de varias empresas contra el Estado venezolano.

Ante la polémica de este nombramiento, Hernández dejó el cargo, aunque públicamente argumentó que esto se debe a sus proyectos de “asesoría legal estratégica asociados a la compleja transición venezolana”.

Otros nombres que se sumaron a este grueso libro de renuncias fueron los de Humberto Calderón Berti, quien ejerció como embajador en Colombia; Tamara Sujú, designada como representante del Gobierno interino en República Checa, y Ricardo Hausmann, designado previamente como representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo,

Tal vez una de las dimisiones más polémicas fue la del analista político Juan José Rendón, quien presentó su carta de renuncia al cargo de estratega general del Comité presidencial que ejercía en el equipo de Juan Guaidó, luego de haber admitido que firmó un acuerdo con la contratista militar Silvercorp y pagado 50 000 dólares para la ejecución de la llamada  «Operación Gedeon».

El diputado Sergio Vergara, quien salió de las filas del partido Voluntad Popular y cuya firma figura en el contrato con Silvercorp, estuvo involucrado en esta operación y también renunció a su cargo.

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Have lived and invested in Venezuela full time for the last eight years and visited for each of twelve years prior to that. Studied and closely followed developments in Venezuela since 1996.