Acusan a seis agentes de la inteligencia rusa por ejecutar ciberataques mundiales

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La Dirección Principal de Inteligencia de Rusia (GRU) opera bajo las órdenes del presidente Vladímir Putin (Archivo)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a seis ciudadanos rusos por realizar ataques informáticos en todo el mundo. Todas estas personas también formaban parte de la Dirección Principal de Inteligencia de Rusia (GRU), agencia bajo el control del régimen de Vladímir Putin.

Revisar el comunicado del organismo es confirmar cómo el régimen ruso ha logrado infiltrarse para su beneficio y ha provocado numerosos daños en Francia, Georgia, Países Bajos, República de Corea, Ucrania, el Reino Unido y Estados Unidos.

Dichos ataques comenzaron en noviembre de 2015 y se extendieron aproximadamente hasta octubre de 2019, señala el organismo.

Solo en Ucrania provocaron ataques contra la red eléctrica de ese país, el Ministerio de Finanzas y el Servicio de Tesorería del Estado. Mientras que en Pensilvania atacaron los sistemas de dos hospitales, 60 oficinas y 18 instalaciones comunitarias en Heritage Valley, provocando la falta de disponibilidad de listas de pacientes, historiales, archivos de exámenes físicos y registros de laboratorio, además de la pérdida de estudios en cardiología y cirugía.

Las graves acusaciones contra los seis hackers se extienden en una larga y detallada lista que también incluye las elecciones en Francia, cuando filtraron miles de correos electrónicos privados de la campaña de Emmanuel Macron para afectar el resultado.

Estas personas, amparadas por el Kremlin, están acusadas por los cargos de conspiración para cometer fraude y abuso informáticos, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, dañar computadoras protegidas y robo de identidad agravado.

Tras el dopaje en las olimpíadas

El alcance de los hackers rusos llegó hasta los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, cuando aplicaron el «phishing» o robo de datos y aplicaciones móviles maliciosas a ciudadanos y funcionarios de Corea del Sur, atletas olímpicos, socios y visitantes, y funcionarios del Comité Olímpico Internacional. Estos crímenes se extendieron desde diciembre de 2017 hasta febrero de 2018.

El Departamento de Justicia también informó que los acusados insertaron un malware en las computadoras que atentó contra la ceremonia de apertura.

Los ataques se produjeron después de que los atletas rusos dieron positivo para dopaje. Incluso, se les suspendió de los Juegos de Tokio 2020, sobre los cuales también iban a cometer crímenes cibernéticos, reseñó Reuters.

“Hoy, el departamento ha acusado a estos oficiales rusos de llevar a cabo una serie de ataques informáticos más disruptivos y destructivos jamás atribuidos a un solo grupo, incluido el desencadenamiento del malware NotPetya. Ninguna nación recuperará la grandeza si se comporta de esta manera”, dijo el secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, John C. Demers.

El largo historial de Putin

Para el año 2016 ya pesaban advertencias sobre las actividades criminales de los rusos en el terreno cibernético.
Theresa May, la primera ministra británica para ese momento, denunció la interferencia de Rusia en las elecciones de otros países, así como ataques contra gobiernos y parlamentos europeos y espionaje cibernético. May aseguró que Putin buscaba “socavar las sociedades libres”, “divulgando historias falsas”, para “sembrar la discordia en Occidente”, reseñó El Periódico.

Ese mismo año, el gobierno español, liderado por Mariano Rajoy advirtió sobre injerencias rusas e incluso venezolanas a través de internet, luego del referendo del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña.

Rajoy alertó sobre los perfiles falsos detectados en las cuentas de Twitter que discutían sobre Cataluña. «Más de 50 % estaban registradas en Rusia y 30 % en Venezuela. Solo 3 % eran reales», reseñó la cadena RTVE citando el diario holandés Handelsblatt.

Otros regímenes comunistas también han participado en hackeos para beneficio propio, como el que recientemente hizo China a Japón y otras empresas farmacéuticas para robar datos de las vacunas que desarrollan contra el COVID-19.

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Have lived and invested in Venezuela full time for the last eight years and visited for each of twelve years prior to that. Studied and closely followed developments in Venezuela since 1996.